La Agencia Tributaria regularizó bases imponibles por 3.000 millones de euros a multinacionales por su fiscalidad internacional, un 67% más

Balance 2020 de resultados de control tributario

  • La crisis sanitaria llevó a priorizar las actuaciones más avanzadas cuando comenzó la pandemia, como las comprobaciones a grandes empresas, que crecieron un 7,9%; a su vez, se redujeron las que requieren más presencia física y las que se podían diferir sin problemas de plazos
  • Se han iniciado inspecciones a 126 contribuyentes seleccionados con la nueva herramienta para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes
  • En el ámbito del control de grandes tecnológicas, se han regularizado bases imponibles por más de 130 millones de euros y se ha revisado al alza hasta 800 millones el cálculo de bases aseguradas para próximos años
  • Una campaña especial de identificación de comerciantes extranjeros que venden a través de plataformas ‘online’ ha permitido aflorar hasta el momento bases de IVA por 400 millones de euros y dar de alta fiscal a 7.700 empresas
  • Se ha puesto en marcha un proyecto basado en inteligencia artificial para detectar facturación irregular

8 de julio de 2021.- La Agencia Tributaria regularizó el pasado año bases imponibles por un importe total de 3.076 millones de euros en el ámbito de la fiscalidad internacional, lo que supone un 67% más que el año anterior, a partir de 82 comprobaciones inspectoras realizadas con el apoyo de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. A su vez, la ONFI participó en la gestión de 54 Acuerdos Previos de Valoración (APA) con un resultado estimatorio, más del doble que el año anterior, lo que supone garantizar a futuro bases imponibles por un importe de 3.477 millones de euros, un 66% más que el pasado año.

En el ámbito de la fiscalidad internacional también hay nuevos resultados en materia de actuaciones sobre grandes empresas tecnológicas, con la regularización de bases imponibles por un importe superior a los 130 millones de euros y la revisión al alza hasta 800 millones de euros en el cálculo de bases imponibles aseguradas por APA para los próximos años. Se trata de actuaciones que, por su peculiaridad y lo reducido del colectivo, resultan de difícil repetición en el tiempo.

La adaptación a las circunstancias sanitarias

Las actuaciones inspectoras sobre multinacionales, así como aquellas desarrolladas en el ámbito de las grandes empresas y los grupos societarios, (un total de 21.729 actuaciones, con un incremento interanual del 7,9%) se encuentran entre las actuaciones de inspección que registraron crecimientos en 2020, a pesar de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria, que impactó de diversa forma en el conjunto de la actividad de la Agencia Tributaria.

En un contexto de suspensión de plazos administrativos durante dos meses y medio, y de limitaciones de movilidad con distinto grado de intensidad durante todo el año, se decidió priorizar las actuaciones que se encontraban más avanzadas al inicio de la pandemia, caso de las actuaciones sobre grandes empresas, y también aquellas que no requerían la presencia de los contribuyentes o asesores. Así, se realizaron 14.845 actuaciones de análisis de información (+29%) y 51.646 en el apartado de ‘otras actuaciones de control’ (+14%).

Por el contrario, por su propia naturaleza fue necesario diferir a 2021 buena parte de aquellas actuaciones que requieren presencia física. Así, se realizaron 27.921 comprobaciones formales (-68%), donde se incluyen las derivadas de los planes de visitas, que descendieron un 52,7%. También se difirieron aquellas actuaciones que podían continuarse el año siguiente sin problemas de plazos, lo que explica descensos en las actuaciones de análisis patrimonial y societario (2.098; -14%), ocultación de actividad y abuso de formas societarias (4.346; -17%) o control de actividades económicas (533.788; -2,7%).

En conjunto, la Agencia realizó más de 1.626.000 actuaciones de control sobre tributos internos en 2020, lo que supone un descenso del 2,3%, a pesar de que simplemente el periodo de suspensión de plazos, sin tener en cuenta las limitaciones a la movilidad posteriores, representó el 21% del total de días del año.

De ese total de actuaciones, 29.567, prácticamente las mismas que el año anterior, se dirigieron a grandes empresas, grandes patrimonios de personas físicas, abusos societarios y economía sumergida, consumiendo este tipo de actuaciones una elevada cantidad de recursos, caracterizados, además, por su alta cualificación.

En términos recaudatorios globales, y como consecuencia de su labor en la prevención y la lucha contra el fraude, en 2020 la Agencia ha obtenido unos resultados de 17.274 millones de euros, si bien, dado que incluyen expedientes de minoración de pagos fraccionados por una cuantía de 4.487 millones de euros que serán de difícil repetición en otros ejercicios, se considera más homogénea, a efectos de comparación, deducir la cifra del total, que quedaría en 12.787 millones de euros.

Control de grandes patrimonios y falsos no residentes

El control que se realiza en relación con las personas físicas titulares de grandes patrimonios de personas físicas llevó el pasado año, pese a las dificultades derivadas de la situación sanitaria, a liquidar deuda por un importe de 437 millones de euros a este perfil de contribuyente, lo que supone un descenso del 28% con respecto al año anterior, pero un incremento del 25% con respecto a las cifras de hace dos años. Así, desde 2018 -año de creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes- hasta ahora, se han liquidado casi 1.400 millones de euros en un total de 2.100 expedientes.

Junto con su apoyo a las liquidaciones sobre grandes fortunas implementadas por los distintos ámbitos territoriales del control inspector de la Agencia, la Unidad ha impulsado la nueva herramienta basada en análisis ‘big data’ para la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes, a partir de la cual el año pasado ya se iniciaron actuaciones de comprobación sobre 126 contribuyentes.

De igual forma, sigue avanzando en otros proyectos ya iniciados, como la identificación automatizada de usuarios de viviendas en España de alto valor formalmente en manos de sociedades extranjeras, o el catálogo de más de 570 proveedores de bienes y servicios de lujo de cuyo análisis se puede derivar el afloramiento de irregularidades fiscales de grandes fortunas y patrimonios directamente ocultos detrás de sociedades instrumentales.

Lucha contra la economía sumergida

En el marco de la lucha contra la actividad no declarada, y pese a las dificultades para iniciar actuaciones por personación por la situación sanitaria, el pasado año se realizaron 2.157 inspecciones en las que se puso de manifiesto la existencia de ventas ocultas, con unas cuotas liquidadas de 521 millones de euros.

Al mismo tiempo, se liquidaron cuotas y sanciones por importe de 332 millones de euros, un 10% más que el año previo, a partir de actuaciones realizadas en años anteriores con participación de las Unidades de Auditoría Informática. En los últimos cinco años estas actuaciones han llevado a regularizar 1.600 millones de euros en más de 22.100 actas.

Otro capítulo de relevancia en la lucha contra la actividad no declarada es el control de alquileres sumergidos, donde sigue destacando el efecto inducido que está suponiendo el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del IRPF. En cinco años, estos avisos han generado un incremento de más de 252.000 declarantes, con una mayor base imponible declarada de más de 3.000 millones de euros.

Detección de facturas falsas

El pasado año, el Área de Informática de la Agencia Tributaria concluyó la fase de desarrollo de un nuevo proyecto para la detección de facturación irregular y sus resultados se han puesto ya en el presente año a disposición del Área de Inspección para futuras actuaciones de control.

Utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial, y a partir de la experiencia de comprobaciones inspectoras anteriores, el proyecto genera modelos predictivos para facilitar a los responsables de los órganos de selección de riesgos la detección de emisores y receptores de facturas irregulares, reforzando así la lucha contra el fraude en este ámbito y, también, la lucha contra la competencia desleal.

La información del exterior

El control inspector sobre contribuyentes de los que se ha recibido información de cuentas financieras en el exterior a través de la directiva europea ‘DAC2’, el estándar CRS de la OCDE y el acuerdo ‘Fatca’ con EEUU ha permitido liquidar en cuatro años más de 630 millones de euros a casi 1.900 contribuyentes, de los cuales 195 millones a casi 700 contribuyentes se han concentrado en 2020.

Al tiempo, el año pasado se siguieron complementando estas actuaciones inspectoras con los controles extensivos sobre rentas comunicadas a través de una directiva europea anterior, la denominada ‘DAC1’, información que la Agencia viene utilizando también para fomentar el cumplimiento en periodo voluntario de declaración de IRPF a través de los ‘avisos’ en datos fiscales.

En esta otra fase, la de la comprobación gestora, las actuaciones realizadas han generado liquidaciones de la Agencia Tributaria y declaraciones extemporáneas de los contribuyentes por un importe conjunto de 46 millones de euros a través de casi 15.000 expedientes, de manera que las cifras acumuladas en el bienio 2019-2020 en que se ha explotado esta información en el ámbito extensivo suma ya más de 100 millones de euros y 41.000 expedientes.

También al objeto de aflorar fondos ocultos en el extranjero se han continuado las liquidaciones a partir de la información recabada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude sobre utilización de tarjetas emitidas en el exterior (‘tarjetas offshore’). Esta información ha permitido a las distintas dependencias territoriales de la Agencia liquidar deuda por importe de 37 millones de euros en 2020 y un total de 133 millones desde 2018. Además, el año pasado se dieron de alta expedientes que afectan a 40 contribuyentes con tarjetas ‘offshore’ y que ofrecerán resultados adicionales en el futuro.

Actuaciones sobre el comercio electrónico

Una labor relevante también en el campo de la prevención y el control tributario es la correcta identificación a efectos fiscales de contribuyentes extranjeros que generan actividad sujeta a impuestos en España.

En ese ámbito, en 2020 ha dado sus primeros frutos un proceso de identificación que ha permitido censar ya a 7.700 comerciantes extranjeros (la gran mayoría, empresas) que venden a través de plataformas ‘online’. A raíz de esta campaña, han regularizado bases imponibles de IVA por importe de 400 millones de euros. La Agencia Tributaria confía en extender la relación cooperativa abierta en este campo con las plataformas de comercio electrónico.

Control recaudatorio

Dentro del área de Recaudación, se han continuado impulsando las actuaciones más cualificadas para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias. Destaca especialmente el crecimiento del 39% registrado en el número de acciones judiciales (579) ejercitadas en 2020 por la Agencia para la consecución del pago de deudas. Se trata de acciones, muy especialmente las penales, que tienen por objeto judicializar la exigencia de cobro en situaciones especialmente graves de insolvencias aparentes, alzamientos y, en general, prácticas de ocultación complejas.

A su vez, se realizaron 26.746 derivaciones de responsabilidad a terceros, un 13,6% más, se han tramitado 665 expedientes de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor (8,8% más), y se tramitaron también 72.495 expedientes (34% más) para la investigación patrimonial de deudores que puedan estar utilizando diversas figuras defraudatorias, como la interposición de sociedades o la utilización de testaferros.

Por otra parte, durante el pasado año también se desarrollaron las habituales labores de control de impuestos especiales y medioambientales, control aduanero y en materia de contrabando, narcotráfico, blanqueo y otros delitos económicos. Al mismo tiempo, se ha mantenido la actividad habitual de colaboración con la justicia y con otras administraciones en el ámbito nacional e internacional, y se ha impulsado la prevención del fraude mediante las herramientas de información y asistencia y los foros cooperativos en los que participa la Agencia Tributaria.